El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de reforma del Código Civil en materia de personas con discapacidad, que deja atrás la incapacitación entendida como un estado civil e introduce cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad.
El núcleo principal del proyecto es la regulación de las medidas de apoyo que precisen las personas mayores de edad o emancipadas, para que puedan desarrollar plenamente su personalidad y desenvolverse jurídicamente en condiciones de igualdad. Deben ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que requiera la medida.
En definitiva, la nueva ley persigue que las personas con capacidad puedan ejercer su capacidad jurídica en el futuro de una forma mucho más autónoma y con menos tutelaje.
Se da inicio así a un proceso histórico para adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
El Proyecto de Ley, que se remite al Congreso de los Diputados para comenzar su trámite parlamentario, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, que ha trabajado en los últimos años en la preparación de la propuesta, oyendo y consultando a todas las instancias y operadores jurídicos con interés en la reforma, la mayor en número de artículos modificados del Código Civil desde su adopción en el siglo XIX.
Con esta iniciativa legislativa, se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona.
La reforma legal iniciada este viernes supondrá un cambio radical en cómo el Derecho civil ha entendido la discapacidad y a las personas con discapacidad, pasando del esquema paternalista y restrictivo de derechos de la sustitución al promotor de los apoyos a la toma de decisiones.
El movimiento social de la discapacidad representado por el CERMI, que ha participado activamente en la preparación de la propuesta a través de un diálogo constructivo con Justicia, considera este Proyecto de Ley un texto solvente, acertado y positivo, para el que pedirá el apoyo de todo el arco parlamentario, ya que es una reforma ideológicamente transversal, derivada de exigencias de derechos humanos, no partidista, que puede y debe ser compartida por todas las fuerzas políticas.
Precisamente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado que “es una ley por la que nos tenemos que felicitar” y ha puesto en valor la colaboración del movimiento CERMI en el impulso de esta iniciativa. “Es una ley absolutamente consensuada y no me cansaré de decir el gran apoyo que ha prestado el CERMI, y por eso espero que cuente, ahora que empieza su tramitación parlamentaria, con una tramitación rápida porque es mucho lo que se contempla y mucho sobre lo que nos afecta como sociedad, porque esta es una de las leyes de la que nos podemos sentir orgullosos, pues nos permite ser más iguales”, ha declarado el ministro.