El CERMI denuncia los recortes generalizados que vienen practicando la mayor parte de las comunidades autónomas en las partidas dedicadas a las políticas públicas de discapacidad, que se están recrudeciendo con vistas al año 2011.
Estas reducciones, que en algunos casos llegan al 80 y el 90% respecto de otros ejercicios, ponen en peligro la continuidad de servicios, apoyos y prestaciones consolidadas, fundamentales para promover los derechos, la autonomía personal y la vida independiente de miles de personas con discapacidad y sus familias.
Además, corren grave riesgo muchos puestos de trabajo de profesionales y personal de apoyo empleado en el tercer sector social de la discapacidad, con el consiguiente efecto añadido de incrementar el paro, principal problema de nuestra sociedad.
A juicio del CERMI, los ajustes presupuestarios de las administraciones públicas no pueden hacerse a costa de los sectores más vulnerables, que apenas tienen garantizadas unas condiciones mínimas de inclusión y acceso al ejercicio de derechos fundamentales.
El sector social de la discapacidad a escala nacional y territorial se mostrará vigilante y beligerante contra toda tentación de disminuir el todavía muy precario grado de protección social vigente en España para este grupo de población.
