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La difícil situación financiera de los entes territoriales está llevando a algunos de ellos a crear desmedidamente nuevas cargas tributarias por actos administrativos consolidados que recaen sobre las personas más débiles social y económicamente, lo que dificulta extraordinariamente su proceso de inclusión.

Procesos administrativos que nunca habían tenido coste como solicitar la declaración del grado de discapacidad o la valoración de la situación de dependencia, imprescindibles para acceder a los derechos y prestaciones que llevan asociados, se vuelven de pronto onerosos para las personas con discapacidad y las personas mayores, lo que puede inducir a éstas a no demandarlos para no afrontar el coste y por tanto a verse privadas de la protección social que suponen. 
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Analizadas jurídicamente algunas de estas decisiones autonómicas, el CERMI ha comprobado que, además de profundamente injustas, no se ajustan a la legalidad fiscal, ya que no se pueden imponer tasas a hechos que no son obligatorios para los sujetos pasivos. Solicitar o no la declaración de discapacidad o dependencia es opción del ciudadano, no está obligado a ello, por lo que únicamente se puede grabar ese hecho a través de un impuesto, y no de una tasa. En los impuestos, otra figura tributaria distinta, debe aflorar la capacidad económica de la persona obligada, mientras que en las tasas no. La creación de estas tasas sería por lo tanto contraria a la legislación tributaria básica.
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El CERMI, que va a denunciar esta situación ante el Defensor del Pueblo, reclama de los gobiernos autonómicos que han establecido estas tasas antisociales que revoquen estas medidas y que no vean en las personas con discapacidad o personas mayores campo abonado para su avidez tributaria.
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