La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) tras mantener reuniones con sus entidades miembros y recabar las diferentes posturas de las organizaciones del sector, denuncia que la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno mediante un decreto-ley supondrá un grave retroceso para las personas con discapacidad y sus familias.
A juicio del presidente de COCEMFE, Mario García, «la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes del Sistema Nacional de Salud supondría una reforma de las prestaciones sanitarias que perjudicarían en mayor medida a los más de cuatro millones de personas con discapacidad de nuestro país».
COCEMFE considera imprescindible tramitar como proyecto de ley esta reforma para que la introducción de enmiendas corrija los aspectos negativos que afectan a las personas con discapacidad y sus familias, y que empeorarían las mejoras asistenciales y de integración logradas en los últimos años.
«El grado mínimo aceptable de atención sanitaria debe pasar por volver a introducir la prestación ortoprotésica en la cartera común básica, como ha estado hasta ahora, puesto que se trata de un apoyo imprescindible para la autonomía personal de este colectivo que se vería afectada de forma espectacular con la introducción del copago a través de una cartera suplementaria», señala Mario García.
También es absolutamente necesario que las personas con enfermedades crónicas puedan continuar con su tratamiento y cuidado médico disponiendo del transporte sanitario gratuito como ha ocurrido siempre en nuestro país. Muchas de las personas que deben acudir varias veces por semana al hospital o a un centro de salud no pueden permitirse costear su traslado y verían seriamente afectada su calidad de vida y su estado de salud.
De igual forma, COCEMFE considera que estas personas con enfermedades crónicas deberían estar exentas de cualquier tipo de copago cuando se trate de medicamentos prescritos específicamente para el tratamiento de su patología.
Otro punto a modificar de este decreto es la necesidad de mantener el concepto de asegurado a todas las personas con una discapacidad a partir del 33%, y no limitarlo desde el 65%.
