El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han presentado este miércoles el estudio El ordenamiento Jurídico español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo, realizado por la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, en una jornada enmarcada en los actos de conmemoración de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de un trabajo que avala desde el punto de vista jurídico y sociológico la expresión ‘persona con discapacidad’ como la terminología más adecuada para referirse a este colectivo, frente a otras que “invisibilizan y que se corresponden con actitudes paternalistas y eufemísticas”.
En la jornada han participado el codirector de la Clínica Jurídica, Andrés Gascón; y los estudiantes Sofía Fiérrez y Alejandro Ramos. Posteriormente ha tenido lugar un conversatorio posterior con Gascón; el presidente del CERMI CV, Luis Vañó; la responsable de los servicios jurídicos de la entidad, Mónica Aguado; y la estudiante Nerea Jusue, una de las 14 personas que han trabajado en el estudio. El acto ha finalizado con la ponencia La primera reforma social de la Constitución Española. Un nuevo artículo 49 sobre personas con discapacidad, a cargo del presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez-Bueno.
En esta línea, Pérez-Bueno, ha explicado la importancia de reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que se refiere a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” para alinearla con los preceptos de la Convención. “Se trata de la primera reforma constitucional y tendrá un calado social. Es una reivindicación de nuestro sector desde hace más de 20 años, ya que el modelo jurídico de los Derechos Humanos es el único enfoque admisible, en especial desde la entrada en vigor de la Convención”, ha afirmado.
Por su parte, el presidente del CERMI CV, Luis Vañó, ha recordado la importancia del movimiento asociativo en la defensa de sus derechos. “Somos activistas de los Derechos Humanos y pedimos tanto a los representantes políticos como a los medios de comunicación que no nos cambien el nombre, porque eso supone invisibilizar problemáticas propias, además no contar con nosotros para definir cómo queremos ser nombrado”, ha explicado.
Vañó ha agradecido, además, la colaboración de la Clínica Jurídica per la Justícia Social con el movimiento de la discapacidad y ha puesto en valor su labor en el acercamiento de las cuestiones sociales de la discapacidad al alumnado de Derecho de la Universitat de València.
Asimismo, ha recordado la necesidad de llevar las cuestiones sobre discapacidad al ámbito universitario para que los estudiantes tengan un conocimiento sobre esta realidad social y puedan desarrollar una sensibilidad hacia colectivos en situación de vulnerabilidad.
TERMINOLOGÍA Y DERECHOS
La investigación ahonda en conceptos como el derecho del colectivo de personas con discapacidad a la igualdad, la creación de una identidad colectiva, el reconocimiento y la autodeterminación, desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad y el principio de la autonomía personal, para ser nombrados, en su primera parte.
En el trabajo de campo, se analiza la legislación estatal y de la Comunitat Valenciana que afecta a la discapacidad. El estudio desvela que un 17% de la legislación española no está adaptada a la Convención de la ONU, mientras que, en el caso autonómico, esta cifra asciende hasta el 33%.
Asimismo, el texto incide en el papel de los medios de comunicación, desde la teoría de la construcción social de la realidad y la importancia del lenguaje para reforzar el uso de la expresión “persona con discapacidad” y desechar expresiones eufemísticas como “diversidad funcional”, “capacidades diferentes” o “capacidades especiales”, además de aquellas que infravaloran como “minusvalía” o “discapacitado”.
